Aviso legal y términos de uso

Última actualización: julio de 2026

Resumen en una frase: Tramitaya es una herramienta de información y orientación sobre trámites de extranjería en España. No es una asesoría legal, no somos abogados ni gestores administrativos, y no representamos a nadie ante ninguna administración. Las decisiones sobre tu trámite son siempre tuyas.

1. Quién presta este servicio

Tramitaya (tramitaya.online) es un servicio de información general operado por Raúl Soria Presa. Puedes contactar a través de hola@tramitaya.online para cualquier consulta sobre estos términos.

2. Qué es Tramitaya (y qué NO es)

Tramitaya ofrece:

Tramitaya NO es:

3. Naturaleza de la información proporcionada

Toda la información que ofrece Tramitaya (en el chat, en el PDF o en la consulta por email) se genera con ayuda de inteligencia artificial a partir de fuentes públicas y, cuando es posible, de los formularios oficiales verificados. Aun así:

4. Exclusión de responsabilidad

El uso de la información proporcionada por Tramitaya es responsabilidad exclusiva del usuario. Raúl Soria Presa y Tramitaya no se hacen responsables de:

Para casos complejos, denegaciones previas, antecedentes penales, recursos judiciales o cualquier situación fuera de lo habitual, recomendamos siempre acudir a un abogado de extranjería colegiado.

5. Pagos

Los pagos (guía PDF, consulta con experto) se procesan a través de Stripe. No almacenamos datos de tarjetas bancarias en nuestros servidores. Al tratarse de contenido digital entregado de forma inmediata, una vez generado o enviado el producto no se admiten devoluciones, salvo error técnico imputable a Tramitaya.

6. Propiedad y uso del contenido

El contenido generado (guías PDF, respuestas del chat) es para uso personal del usuario. No está permitida su reventa o redistribución comercial.

7. Modificaciones

Podemos actualizar estos términos cuando el servicio cambie. La fecha de la última actualización figura al principio de esta página.

8. Legislación aplicable

Estos términos se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales que correspondan según la normativa de consumidores aplicable.

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